En los últimos doce años el clero católico ha engrosado su patrimonio con centenares de propiedades y espacios públicos. La privatización de estos lugares en favor de una entidad religiosa ha encrespado a miles de vecinos de los municipios afectados. La mayoría de las polémicas radican en que el clero ha registrado piezas artísticas, plazas o fincas públicas sin previo aviso, amparándose en una reforma legislativa impulsada por Aznar. Muchas de ellas están salpicadas por la sombra de la especulación urbanística.
En los distintos lugares, en los que los vecinos han emprendido medidas o han alzado la voz, han sufrido distintas formas de represalias. Por ejemplo, en la aldea de Ribadulla (A Coruña) el obispado castigó a los vecinos rebeldes con una denuncia y la retirada del sacerdote que impartió misa durante 30 años por la disputa de unos terrenos: o la misa o la propiedad.
En Xabiá (Alicante), el 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió la inglesia fortaleza de San Bartolomé en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo, así de fácil. El Arzobispado se apropió de este edificio haciendo uso de la Ley Hipotecaria.
Por si fuera poco, las autoridades religiosas aluden a la mística para dar sus explicaciones, "la finca pertenece desde tiempo inmemorial al pueblo de Dios". Además, la Diócesis de Valencia se ha adueñado también de la ermita de Muntanyeta en Alberic y la del Lluch en Alzira.
En Cáceres, el Obispado de Plasencia ha incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera (Cáceres). No contentos con esto, en algunas localidades se ha llegado a inscribir prácticamente toda la plaza que rodea a los templos.
En León, A Coruña y Madrid hay distintos casos a cual más sorprendente.
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