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(Con el apoyo de varias Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Aragón)
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Los abajo firmantes, todos ellos ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Aragón y del resto de Comunidades de España, consideran que en Aragón la democracia ha avanzado y se ha consolidado en los últimos 30 años, y que en estos momentos contamos con instituciones estables y que funcionan con normalidad democrática. Este es el dato positivo punto de partida.
Pero, al mismo tiempo, consideran que tras el estallido, el 18 de marzo de 2009, del Caso La Muela (o “Caso Molinos”) y otros supuestos episodios de corrupción, es necesario que en nuestra Comunidad Autónoma se mejore notablemente el grado de TRANSPARENCIA y CONTROL sobre nuestros Gobiernos y Administraciones, y que se apruebe y empiece a aplicarse, con carácter obligatorio, un CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO en el ámbito público, aprobado por Ley de las Cortes de Aragón.
Según recientes estimaciones realizadas por los juristas, economistas y sociólogos, la aprobación de un Código de Buen Gobierno público tendría como consecuencia el ahorro presupuestario y en eficiencia de nuestros gobiernos y administraciones de más de 500 millones de euros al año, y podría permitir, en los próximos años, su destino a un Plan de Empleo y de Salida de la crisis que, consensuado entre todos los Partidos, Sindicatos, asociaciones, entidades y miles de ciudadanos y ciudadanas de Aragón, permitiría la creación de varias decenas de miles de empleos en nuestra Comunidad, en estos difíciles tiempos de crisis que vivimos.
Por todos estos motivos, los abajo firmantes solicitan al Gobierno de Aragón y a las demás Administraciones e instituciones de nuestra Comunidad que promuevan un pacto para la aprobación de un CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO PÚBLICO, que se base al menos en los siguientes puntos de este decálogo de 10 MEDIDAS de transparencia de los Gobiernos:
1º.- Reformar los Gobiernos y Administraciones, reduciendo los trámites burocráticos (simplificación administrativa, reducción de tiempos de espera, Administración electrónica, reducción de normas…), para que los ciudadanos cuenten con unos servicios públicos modernos y eficaces.
2º.- Aumentar la transparencia de los Gobiernos y Administraciones, permitiendo al ciudadano acceder de modo inmediato a cualquier expediente e información.
3º.- Austeridad en las cuentas y en el gasto público, con una actitud de ejemplo por parte de los responsables públicos.
4º.- Supresión de todas las empresas públicas cuyos servicios puedan ser prestados directamente por la Administración y refundición de las más de 100 empresas con las que cuenta hoy el Gobierno de Aragón, en 10 empresas como máximo (y también de algunas de las municipales).
5º.- Puesta en marcha de la Cámara de Cuentas, con medios materiales y personales amplios y suficientes, que controle hasta el último euro del dinero público que se gaste en Aragón por cualquiera de las más de 700 Administraciones que tenemos en nuestra Comunidad: Gobierno autonómico, Ayuntamientos, Diputaciones y Comarcas.
6º.- Control parlamentario eficaz, con una revitalización del papel de las Cortes de Aragón y una reforma profunda de su reglamento, y una cercanía y conexión mucho mayor con los ciudadanos, permitiendo a éstos una relación directa y cotidiana con todos sus diputados y diputadas.
7º.- Frente a la corrupción, tolerancia cero, y reacción inmediata y puesta en marcha de mecanismos eficaces de investigación, con muchos más medios y una campaña de concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducirla a niveles europeos.
8º.- Idea moderna y eficaz de la función pública, suficientemente valorada por la sociedad, pero sometida a los principios de eficiencia y control, e incentivo permanente para lograr un mayor rendimiento y motivación de nuestros empleados públicos.
9º.- Aumentar la transparencia y el control en los contratos públicos (de obras, de suministros y de servicios), con una publicidad efectiva y una objetividad real en las adjudicaciones, y con una agilización de los procedimientos.
10º.- Rendición de cuentas por parte de los representantes públicos, con declaraciones de bienes obligatorias y aplicación estricta de los regímenes de incompatibilidades, de conflictos de intereses y de acumulación de mandatos, y aplicación de sanciones disciplinarias ejemplares para quienes no cumplan estas normas.
