La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa desea manifestar públicamente su apoyo a la convocatoria de manifestación efectuada por la Plataforma Vecinal de La Muela, para mañana sábado, con el fin de rechazar la situación existente en el Ayuntamiento de dicho municipio, dirigido por una persona a la que la justicia imputa la comisión de numerosos delitos, cuyo denominador común es la búsqueda de un enriquecimiento ilícito en el ejercicio de su cargo público.
Sucesos como los investigados en el Ayuntamiento de La Muela o en la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL) ponen de manifiesto prácticas corruptas inaceptables para la ciudadanía y que requieren una reacción firme por parte de las instituciones encargadas de velar por el respeto al Estado de Derecho, sin el cual la democracia pierde sus insustituibles referencias éticas.
La reacción de los vecinos de La Muela –reclamando la disolución de un consistorio deslegitimado por la actuación y la total falta de credibilidad de su máximo responsable- constituye un ejemplo de dignidad cívica que es necesario apoyar por el conjunto de la ciudadanía.
La ética pública constituye una tarea de todos y debe reclamarse de aquellas entidades con mayor responsabilidad en la acción municipal -como es el caso de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)- un compromiso continuado en su promoción y garantía. En tal sentido, esta Asociación ha venido reclamando, con escaso resultado, la implantación de “códigos de buen gobierno” en el conjunto de las administraciones locales aragonesas, de modo que los responsables políticos de municipios, comarcas y diputaciones provinciales asuman ante los ciudadanos un compromiso de actuación íntegra al servicio del interés general.
Es necesario repudiar la corrupción en las calles de La Muela, frente a lo que supone un despropósito para la vida democrática de un municipio, pero el fortalecimiento de la ética pública ha de ser una tarea constante en el conjunto de las instituciones, y ello exige, entre otras medidas, reforzar la profesionalidad de los servidores públicos en el conjunto de las administraciones –apoyando el papel de secretarios e interventores en la esfera municipal- y activar los controles de legalidad que se establecen en el ordenamiento jurídico, pero que razones de oportunidad política llevan a que, en numerosas ocasiones, no se apliquen adecuadamente.
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