Emilio Fernández Castro es uno de los tres jueces que deben decidir si se anulan o no las escuchas en prisión a imputados por el caso Gürtel, y escarbando en el pasado se ha descubierto que en 2007 se negó a admitir una querella sobre los manejos de dos de los principales personajes de la antes desconocida trama Gürtel, Arturo González Panero (entonces Alcalde de Boadilla del Monte) y el empresario José Luis Ulibarri.
Sin estudiar el fondo del asunto la oscura adjudicación de una parcela municipal a una empresa de Ulibarri, Fernández Castro dio carpetazo a la querella. No había indicios de delito, sostuvo el magistrado. La empresa adjudicataria, UFC, ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social. Posteriormente, el juez Garzón, dos años más tarde, citaba en dos de sus autos sobre el caso Gürtel la adjudicación de esa parcela como una de las operaciones urdidas por la red corrupta. La parcela, subrayaba el juez en un auto, se adjudicó de forma "directa" a UFC "tras la intervención de Francisco Correa".
La querella por prevaricación que Fernández de Castro se negó a admitir llevaba el sello de Ángel Galindo, concejal de oposición en el Ayuntamiento de Boadilla y abogado de José Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia permitió a Garzón tirar del hilo de la red corrupta. En su denuncia, Galindo desgranaba el cúmulo de irregularidades que habían rodeado la adjudicación de la parcela, destinada a albergar 139 viviendas libres: la oferta económica de UFC 35 millones era cuatro millones inferior a la más alta. Y, sobre todo, UFC era en aquel momento una empresa fantasma o infractora, como demostró su ausencia de registro en la Seguridad Social.
Tras el carpetazo dado a la querella por Fernández Castro, el querellante recurrió a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ. La inadmisión de la querella fue confirmada. Pero lo fue con el voto particular de uno de los tres miembros de la Sala: Antonio Pedreira, quien como instructor de la pieza principal del caso Gürtel revalidó en febrero las escuchas ordenadas por Garzón.
Sin estudiar el fondo del asunto la oscura adjudicación de una parcela municipal a una empresa de Ulibarri, Fernández Castro dio carpetazo a la querella. No había indicios de delito, sostuvo el magistrado. La empresa adjudicataria, UFC, ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social. Posteriormente, el juez Garzón, dos años más tarde, citaba en dos de sus autos sobre el caso Gürtel la adjudicación de esa parcela como una de las operaciones urdidas por la red corrupta. La parcela, subrayaba el juez en un auto, se adjudicó de forma "directa" a UFC "tras la intervención de Francisco Correa".
La querella por prevaricación que Fernández de Castro se negó a admitir llevaba el sello de Ángel Galindo, concejal de oposición en el Ayuntamiento de Boadilla y abogado de José Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia permitió a Garzón tirar del hilo de la red corrupta. En su denuncia, Galindo desgranaba el cúmulo de irregularidades que habían rodeado la adjudicación de la parcela, destinada a albergar 139 viviendas libres: la oferta económica de UFC 35 millones era cuatro millones inferior a la más alta. Y, sobre todo, UFC era en aquel momento una empresa fantasma o infractora, como demostró su ausencia de registro en la Seguridad Social.
Tras el carpetazo dado a la querella por Fernández Castro, el querellante recurrió a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ. La inadmisión de la querella fue confirmada. Pero lo fue con el voto particular de uno de los tres miembros de la Sala: Antonio Pedreira, quien como instructor de la pieza principal del caso Gürtel revalidó en febrero las escuchas ordenadas por Garzón.
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