En esto tiempos que corren de crisis, donde se están buscando medidas para recortar gastos y abrocharse el cinturón, vemos que cada escolta privado le cuesta a la Diputación General de Aragón cinco veces más que un funcionario de la Policía adscrita.
Este colectivo (escoltas privados), vela por la seguridad de más de la mitad de los consejeros y de los altos cargos políticos aragoneses. Además, de la seguridad de estos políticos se iban a encargar guardaespaldas de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. Sin embargo, según la administración autonómica, se asegura que todavía no hay plantilla para realizar este servicio, asunto negado por los funcionarios, debido a que ya realizan patrullas y vigilancias de calles que no les corresponden.
Se produce, por tanto, una diverengia entre la opinión de unos y otros, y la consecuencia es que se paga cinco veces más por un servicio que tenía que prestar los funcionarios adscritos a la Policía Nacional. Además del presidente y del vicepresidente, otros cuarto consejeros del Ejecutivo autonómico están protegidos por estos agentes de la Unidad Adscrita, pero no el resto de políticos, lo cual evidencia una falta de coordinación en materia de seguridad y un despilfarro inecesario de dinero, que se traduce en un mayor gasto para las arcas públicas.
En otras CCAA todos los miembros del Ejecutivo regional están protegidos por guardaespaldas de la policía. En cifras, se traduce en 10.560 euros mensuales, lo que cuesta un escolta privado, por los 1.600 euros mensuales del Policía Nacional.
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