Entre las estrategias para controlar el gasto del Estado, la ministra de Economía se ha comprometido a podar la maraña de empresas públicas. Las autonomías, incluyendo a Aragón, y los municipios deberían seguir el mismo camino, lo que no sólo sería beneficioso para el déficit sino también para la transparencia de la Administración.
La reducción del volumen del sector público empresarial sería una de las medidas más lógicas dentro de una política general de reducción del gasto de las administraciones tendente a controlar el déficit. Es posible que su impacto financiero no fuera muy fuerte -aunque en ningún caso despreciable-, pero podría contribuir además a mejorar la eficacia, dar ejemplo de austeridad y, sobre todo, aumentar la transparencia y eliminar las extensas zonas de sombra que han crecido alrededor de ese tipo de sociedades. El compromiso de la vicepresidenta Elena Salgado es pues bienvenido -siempre y cuando se convierta en realidad, pues el Gobierno es ducho en desdecirse de sus propias propuestas- y debería extenderse a las empresas públicas autonómicas que, en casos como el de Aragón, han proliferado en los últimos años creando una maraña inextricable, opaca al control parlamentario y de la opinión y abierta, en cambio, a la arbitrariedad y el clientelismo. Resulta desalentador y constituye un error que la DGA desoiga el llamamiento de Salgado y apueste por mantener intacto su sector empresarial e, incluso, descarte reducir el número de altos cargos. Aducir, como hace el Ejecutivo PSOE-PAR, que en el caso aragonés la consolidación ya se ha llevado a cabo no es sino una mala excusa. La racionalización de las empresas públicas es una necesaria medida de higiene política y financiera.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 27 de febrero de 2010)
La reducción del volumen del sector público empresarial sería una de las medidas más lógicas dentro de una política general de reducción del gasto de las administraciones tendente a controlar el déficit. Es posible que su impacto financiero no fuera muy fuerte -aunque en ningún caso despreciable-, pero podría contribuir además a mejorar la eficacia, dar ejemplo de austeridad y, sobre todo, aumentar la transparencia y eliminar las extensas zonas de sombra que han crecido alrededor de ese tipo de sociedades. El compromiso de la vicepresidenta Elena Salgado es pues bienvenido -siempre y cuando se convierta en realidad, pues el Gobierno es ducho en desdecirse de sus propias propuestas- y debería extenderse a las empresas públicas autonómicas que, en casos como el de Aragón, han proliferado en los últimos años creando una maraña inextricable, opaca al control parlamentario y de la opinión y abierta, en cambio, a la arbitrariedad y el clientelismo. Resulta desalentador y constituye un error que la DGA desoiga el llamamiento de Salgado y apueste por mantener intacto su sector empresarial e, incluso, descarte reducir el número de altos cargos. Aducir, como hace el Ejecutivo PSOE-PAR, que en el caso aragonés la consolidación ya se ha llevado a cabo no es sino una mala excusa. La racionalización de las empresas públicas es una necesaria medida de higiene política y financiera.
(Editorial de "Heraldo de Aragón", publicado el 27 de febrero de 2010)
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