Oficialmente son 2200, pero los gestores elegidos con criterio político no figuran. La falta de normas homogéneas impide las comparaciones.
El gran problema es la "politización de las estructuras" autonómicas, donde el volumen de los llamados cargos políticos es muy superior al de quienes, en puridad y atendiendo a la letra de ley, se definen como altos cargos. La suma de los altos cargos que cada autonomía declara tener arroja un montante de 2200, frente a los 409 que reconoce el Gobierno central, aunque otras fuentes hablan de 548.
Pero quien hace la ley hace la trampa. Y la trampa es sencilla. Los expertos subrayan cómo, copiando la Ley de Funcionamiento de la Administración General (Lofage), las autonomías se han dotado de normas según las cuales alto cargo es sólo aquel que nombra el Consejo de Gobierno. Para dar apariencia de contención en altos cargos basta, así, con nombrar por orden de un consejero y no por decreto a los titulares de puestos eminentemente políticos. Los directivos de los 2.000 entes dependientes de autonomías figuran mayoritariamente en esa última categoría.
Por poner un ejemplo, en Valencia y Navarra los secretarios generales no poseen el rango de alto cargo, mientras que en el resto de las comunidades sí. En Madrid, hay 187 subdirectores generales, puesto reinstaurado por Esperanza Aguirre, se cubre por libre designación, pero sus titulares no son altos cargos. El Canal de Isabel II anunció una inversión de 217 millones de euros sólo para la mejora de las redes de saneamiento, el doble del presupuesto del Ministerio de Igualdad.
Otro ejemplo: en Galicia, el conservador Alberto Núñez Feijóo eliminó tras su llegada al Gobierno, en 2009, los delegados territoriales de las consellerias. Su función la realizan ahora jefes territoriales nombrados por libre designación y que, según el PSOE, continúan siendo "del PP". Balears, inmersa en una crisis política formidable por los casos de corrupción del PP y Unió Mallorquina, eleva su cómputo de altos cargos muy por encima de la media (172 para 1,1 millón de habitantes): pero lo eleva porque sí incluye a los directivos de consorcios, fundaciones y entes públicos, cosa que no hacen las demás comunidades.
El gran problema es la "politización de las estructuras" autonómicas, donde el volumen de los llamados cargos políticos es muy superior al de quienes, en puridad y atendiendo a la letra de ley, se definen como altos cargos. La suma de los altos cargos que cada autonomía declara tener arroja un montante de 2200, frente a los 409 que reconoce el Gobierno central, aunque otras fuentes hablan de 548.
Pero quien hace la ley hace la trampa. Y la trampa es sencilla. Los expertos subrayan cómo, copiando la Ley de Funcionamiento de la Administración General (Lofage), las autonomías se han dotado de normas según las cuales alto cargo es sólo aquel que nombra el Consejo de Gobierno. Para dar apariencia de contención en altos cargos basta, así, con nombrar por orden de un consejero y no por decreto a los titulares de puestos eminentemente políticos. Los directivos de los 2.000 entes dependientes de autonomías figuran mayoritariamente en esa última categoría.
Por poner un ejemplo, en Valencia y Navarra los secretarios generales no poseen el rango de alto cargo, mientras que en el resto de las comunidades sí. En Madrid, hay 187 subdirectores generales, puesto reinstaurado por Esperanza Aguirre, se cubre por libre designación, pero sus titulares no son altos cargos. El Canal de Isabel II anunció una inversión de 217 millones de euros sólo para la mejora de las redes de saneamiento, el doble del presupuesto del Ministerio de Igualdad.
Otro ejemplo: en Galicia, el conservador Alberto Núñez Feijóo eliminó tras su llegada al Gobierno, en 2009, los delegados territoriales de las consellerias. Su función la realizan ahora jefes territoriales nombrados por libre designación y que, según el PSOE, continúan siendo "del PP". Balears, inmersa en una crisis política formidable por los casos de corrupción del PP y Unió Mallorquina, eleva su cómputo de altos cargos muy por encima de la media (172 para 1,1 millón de habitantes): pero lo eleva porque sí incluye a los directivos de consorcios, fundaciones y entes públicos, cosa que no hacen las demás comunidades.
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