TRANSPARENCIA EN ARAGÓN

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viernes, 26 de marzo de 2010

EL FISCAL PIDE PRISIÓN ELUDIBLE BAJO FIANZA DE 3 MILLONES PARA MATAS


El ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, sólo reconoció haber gastado 400.000 euros en efectivo en los últimos años, de los que asumió que una parte era en dinero negro. Detalló que el origen del dinero era, por un lado 16 millones de pesetas del traspaso de una tienda y el ingreso mensual de un alquiler parcialmente en negro. Además, reconoció que utilizó dinero opaco en la compra de su casa-palacio en Palma de Mallorca.

En cuanto a la trama del velódromo, que llevó a un sobrecoste y reparto de comisiones, Matas tiró balones fuera, trasladando a cargos de tercer nivel todo el protagonismo en las actuaciones en la construcción del complejo. Esto no es más que una maniobra para eludir los delitos de corrupción que se le imputan, nueve, que podrían acarrearle 30 años de cárcel.

Se desvinculó por completo de la gestión de los contratos, trámites administrativos y control de los fondos de la infraestructura, que casi triplicó su coste hasta 110 millones de euros. Aludió de manera muy directa a Pepote Ballester, ex director general de Deportes e íntimo de Urdangarín, y a Jorge Moisés, ex gerente del Palma Arena.

Ayer, la defensa dio otro golpe de efecto para intentar torpedear el desarrollo de la causa. El abogado Rafael Perera lanzó sospechas de espionaje en el interior del juzgado. Perera aseguró que "se vulnera y mediatiza hasta extremos intolerables" su derecho de defensa y logró bloquear el acto judicial durante casi una hora. El juez José Castro ordenó cambiar de lugar la comparecencia de Matas y trasladar el complejo sistema de grabación y registros. No se hallaron los sistemas de espionaje.


Tras escuchar las explicaciones de Matas durante más de 15 horas de interrogatorio, el fiscal ha pedido hoy al juez que dicte prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros, además de solicitar que se le retire el pasaporte para que no pueda abandonar el país y que se le imponga la obligación de personarse cada 15 días ante la policía.


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